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Prevención de delitos
La prevención de delitos en Chile, surge con el objetivo de incorporarse como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Para ello, debieron suscribir la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, además de incluir en la legislación del país, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
De este modo, el 2 de diciembre del año 2009, nace en Chile la Ley N° 20.393, la cual instaura la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y delitos de cohecho a funcionario público nacional o extranjero.
Así mismo, esta misma ley sobre la prevención de delitos, matiza que dicha responsabilidad penal, alcanza a, y cito literal “todo tipo de sociedades, corporaciones o fundaciones, pudiendo ser aplicable, por lo tanto, a las Empresas del Estado, o en las que este tiene participación”.
Del mismo modo, se promueve que en las empresas se implementen modelos estandarizados de manera adicional, como la norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno.
En este sentido, y de una manera complementaria, esta norma está llegando a ser una de las principales herramientas que utilizan las empresas para combatir todo este tipo de delitos junto con la Ley N° 20.393 y la elaboración del Modelo de Prevención de Delitos.
Modelo de Prevención de Delitos
Con todo esto, la Ley N° 20.393 de Chile, da indicaciones sobre cómo realizar un Modelo de Prevención de Delitos, su estructura y de todo lo que debe incluir en cada uno de sus apartados.
¿Qué es el Modelo de Prevención de Delitos? Pues bien, según la Ley N° 20.393 de Chile es:
“Un conjunto de diversas herramientas y actividades de control que se realizan sobre los procesos o actividades que se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos”.
En este sentido, las empresas que lo redacten, deben incluirlo en su estrategia, para hacerlo formar parte de la organización.
Por lo tanto, y dado que la responsabilidad del Modelo de Prevención de Delitos recae principalmente sobre el Director y la Alta Dirección, junto con el responsable de la prevención de delitos, el cumplimiento debe estar en todos los niveles.
Es decir:
- Trabajadores de la organización y/o de empresas filiales.
- Clientes, proveedores, prestadores de servicios, contratistas y subcontratistas.
- Accionistas, directores y ejecutivos principales.
- Todos quienes realicen actividades de administración y supervisión para la entidad.
¿Qué saber sobre la Ley 20.393?
Fundamentalmente, establece que para determinados delitos y en el supuesto de cometerse por personas naturales, beneficiando a un tercero, la sanción recaerá tanto sobre la persona que comete el hecho en sí, como sobre la persona jurídica que hay detrás, que este caso, será castigada.
Los delitos en los cuales sería de aplicación, son:
- Lavado de activos.
- Financiamiento del terrorismo.
- Cohecho a funcionario público nacional y extranjero.
- Receptación.
Así, se sancionará en virtud de lo establecido en este documento legal, en el caso de que cualquiera de los delitos mencionados anteriormente, beneficie directamente a la organización o entidad, ya sea mediante los representantes, dueños, ejecutivos principales, controlares, responsables o los encargados de las actividades de administración.
Como es evidente, esto será así, siempre y cuando el delito sea el resultado del incumplimiento de las tareas de dirección y supervisión de la organización.
Así mismo, en el supuesto anteriormente planteado, la misma persona jurídica debe ser quien responda a nivel penal, en el caso que comentamos anteriormente, cuando es una persona natural quien comete un acto delictivo de los contemplados, y beneficia a la empresa.
En consecuencia, y para evidenciar el cumplimiento de la dirección y supervisión de todo ello, la empresa u organización, debe adoptar e implementar un sistema para la prevención de delitos conforme a lo establecido en la Ley 20.393.
¿Cuáles son las sanciones que se pueden imponer a la organización?
Entre las sanciones posibles como consecuencia del incumplimiento de la prevención de delitos, encontramos que pueden ser las siguientes:
- Disolución o cancelación de la empresa o persona jurídica en su caso.
- Prohibición temporal o continua para contratar o pactar con organismos estatales.
- Pérdida parcial o total de cualquiera de los beneficios fiscales o,incluso, prohibición absoluta de recepción de los mismos durante un periodo determinado.
- Multa a beneficio fiscal, con cargos que varían entre las 200 y 20.000 UTM.
¿Cómo evitar la responsabilidad penal?
Finalmente, para que la organización tenga capacidad para eximirse de la responsabilidad penal como consecuencia de cualquiera de los actos delictivos mencionados, debe considerar como mínimo los siguientes elementos:
- Designar a un encargado de Prevención de Delitos.
- Proveer de medios y facultades suficientes y adecuadas al puesto y función del encargado de Prevención de Delitos.
- Establecer un Sistema de Prevención de Delitos según la Ley 20.393.
- Supervisar y certificar el Sistema de Prevención de Delitos según lo dispuesto.
Por lo tanto, cuando cualquier persona sea conocedora de cualquier situación equivalente a los delitos contemplados en la Ley 20.393 sobre prevención de delitos, está en el deber de comunicarlo a través de los canales establecidos por la empresa, ya sea de forma anónima o no.
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